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Derechos, libertades y principio de autoridad

Marcelo Gioscia

Solo la soberbia de algún encumbrado miembro del gobierno puede tildar de  “pobre manifestación”, a la movilización efectuada por integrantes del sector agropecuario que, protestó contra las políticas económicas que le han hecho perder competitividad. La concentración de “Un Solo Uruguay” con camiones y tractores, gente a caballo, a pie y en automóviles, se había previsto tuviera lugar desde la mañana, en los alrededores del Palacio Legislativo, para luego efectuar una marcha hasta la Plaza Independencia donde se concentrarían frente a la Torre Ejecutiva para hacer llegar una misiva al Sr. Presidente de la República. Sobre las 9:00 horas se les comunicó a los manifestantes que, por orden del Ministerio del Interior, no podrían realizarla como inicialmente habían planificado y sólo un grupo de aproximadamente sesenta jinetes pudieron llegar hasta la mencionada plaza (donde entonaron estrofas del Himno Nacional) y el resto de los manifestantes, salvo los de a pie, fueron desviados por la calle Colombia hacia afuera. Quienes organizaron esta protesta pacífica,(tan legítima como otras, pero tal vez más importante que ninguna, porque engloba nada menos que a un amplísimo espectro del país real y productivo) sintieron y así lo expresaron a los distintos medios de prensa, que sus derechos fueron atropellados y sus libertades fueron conculcadas y también que el principio de autoridad ha sido aplicado con evidente signo político, más que jurídico. Y si analizamos tanto la normativa vigente en nuestro ordenamiento legal, como la situación en sí misma, advertimos que impedir esta manifestación tal como se les había comunicado a las autoridades públicas con debida antelación, constituyó un verdadero atropello al ejercicio del derecho a las libertades civiles. A nuestro modesto entender: un claro retroceso en la tan manida defensa de los Derechos Humanos. Defensa de la que, este gobierno “de izquierda”, hace gala cada vez que puede. Máxime en un país con la tradición democrática y republicana como el nuestro, en el que aún, mucho antes de la Jura de la primer Constitución, Artigas impulsa desde las Instrucciones de 1813, la “libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”. Libertad (en este caso de expresión y circulación) que ha sido consagrada en normas constitucionales, como derecho humano de primera generación, y que sólo puede limitarse “por razones de interés general”. Y cuando se pretende ejercer el “principio de autoridad” en forma claramente sesgada y sin guardar los debidos equilibrios, la decisión administrativa deja de ser “discrecional” esto es dictada dentro de las previsiones legales, para volverse “arbitraria”, esto es dictada contra reglas de derecho o con desviación de poder. Algo muy distinto. Porque quienes vivimos en la capital, hemos sido testigos de cómo se han utilizado las más importantes vías de tránsito, sin importar días ni horas, interrumpiendo la libre circulación y el normal bullicio ciudadano, para manifestar en favor de otros derechos o reclamos, impidiendo o molestando el normal desarrollo de las actividades cotidianas, sin que fuera esgrimido este principio. Claro que en estos casos, las manifestaciones fueron llevadas a cabo por colectivos afines al gobierno, y eso es in fine, lo que incomoda y subleva. Tan próximos a celebrar el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, por mandato de Ley 18.515, el registro histórico de lo resuelto en el caso que nos ocupa, resulta ser otra perla más a tener presente, en las incongruencias de quienes se autoproclaman como “progresistas”. Alguien tiene alguna duda? Nos veremos, en las urnas.

 

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