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El voto al Gobierno vs el voto ideológico En los límites del desacato

César García Acosta

Durante algún tiempo fui proclive a razonamientos que censuraban el más mínimo apartamiento a la lógica política del Partido Colorado. Siempre he sido institucionalista y punto. Pero la realidad supera todo, y su supremacía de los hechos nos marca los caminos. Si la bancada colorada en diputados hubiese querido que la «Modificación Presupuestal de la Rendición de Cuentas» del Gobierno, fuese un asunto político, lo habría considerado a priori y declarado como tal, para que la libertad del legislador no pudiera aplicarse, como sí sucedió, dentro de su libre albedrío. Esto ya ocurrió en el pasado reciente cuando la despenalización del aborto y Fernando Amado votó con el oficialismo frenteamplistas al margen del resto de los colorados. Pero hasta ahí llega el derecho al voto de Amado. Y pese a quien le pese, fue políticamente legítimo. No obstante, la cuestión más que coyuntural parece ser ideológica y allí el desencuentro puede resultar letal.

 

Por eso es válido el debate de si el voto de Amado fue en esencia «colorado y batllista», como lo ha registrado nuestra tradición que es bueno decirlo, ha sido muchas veces traicionada. Y ahí Amado le erró porque violó el sagrado principio de la juridicidad y se apegó al criterio frentista de primero «la política y después la ley», subvirtiendo a la ley, obviamente, el que no es más que un instrumento de convivencia plagado que ciertamente está plagado de política.

Pero la pregunta es: ¿esto lo puede juzgar la Convención? Para mí, no. No es tema para el debate cuestionador aquello que previamente no había sido acordado como asunto político, así hayan sido sus consecuencias notoriamente enfrentadas a nuestra ideología. No hubo apartamiento a un mandato político, lo que hubo fue, para unos, silencio, y para otros, respecto a las ideas diferentes. Seguir con este asunto es hacerle propaganda gratis a un personaje que optó por presentarse ante la sociedad más como editor de libros rupturistas, que como representante de una porción del electorado. Amado y sus reivindicaciones, salvo que alguien crea que su capacidad política le da para ser el líder del Partido Colorado (leamos algunas de las encuestas que por estas horas parecen insinuarlo), buscan crecer, sin quererlo, moldeando a un líder aunque con pies de barro, que busca incesantemente buscar el apoyo interesado frenteamplistas, para captar votos que le sirvan para laudar en su momento una elección interna en los partidos políticos, que será muy livianita.

Pero como la etapa de la Rendición de Cuentas ya pasó, CHAU AMADO. Ahora entramos de lleno en el escenario de las propuestas, de las ideas, del apego al prestigio personal y de huída de la transgresión.

Pero la reciente edición de la reunión de Amado con el presidente Tabaré Vázquez (porque no fue la primera), dejó sinsabores y muchas cosas a mediatinta que, debiéndose haber discutido, pasaron inadvertidas y conjugan la sustancia de nuestra mejor tradición «colorada y batllista». Recordemos que tuvimos un líder que promovía aquello de «primero el País, después el Partido y por último los intereses personales». Jorge Pacheco Areco hizo de esa máxima una fuente de acuerdos tan poderoso como la que creó José Mujica que reza «que lo político está primero que lo jurídico».

Y en este contexto el diputado Amado creyó representar a «alguien» y se zafó del voto duro colorado que fue el que lo votó en Vamos Uruguay durante su periplo con Pedro Bordaberry, cuando los dos –junto con el actual Secretario del Partido Colorado, Adrián Peña- decidieron crear al NUEVO PARTIDO COLORADO que Pedro tuvo el privilegio de dejar a la deriva ante el empecinamiento de las urnas en sostener otros caminos.

Amado aclaró en sala que su voto en general no implica «estar de acuerdo con todo el contenido» del proyecto de Rendición de Cuentas. «Hay cosas que voy a votar con la bancada de gobierno, hay cosas que voy a votar con la oposición», señaló. Aclaró que no votará a favor de los artículos que incrementan la tasa consular y quitan exoneraciones a los juegos de azar, porque «van a terminar recayendo en el ciudadano común». Apuntó que, en cambio, está dispuesto a analizar un impuesto a la herencia y un incremento del impuesto al patrimonio.

Amado destacó que el acuerdo que logró con el oficialismo es «muy positivo para el país», porque muchas veces la ciudadanía está «cansada» de los políticos, y «el diálogo tendido, abierto, sincero, ayuda a mejorar el sistema político y a hacerlo más eficaz». Aseguró que «entiende» la «indignación» de la oposición con el gobierno por varios errores, entre los que mencionó la «fiesta descontrolada del despilfarro» que llevó al actual déficit fiscal. «Ahora, esta indignación general, que tiene fundamentos sólidos, no nos puede hacer caer en la fácil», afirmó. Puso énfasis en la necesidad de un «nuevo relacionamiento entre partidos». «No estaré en el juego de la polarización, allí no me encontrarán; es muy malo para la sociedad y para la política», insistió.

A cambio de su voto favorable a la Rendición de Cuentas y de su apoyo al artículo 15 del proyecto (que en este caso fue decisivo, porque el FA no alcanzaba la mayoría), el oficialismo concedió algunas cosas. Y éstos asuntos son los que hoy más que nunca deben pesar a la hora de las valoraciones: se acordó establecer compensaciones salariales a los directores de las escuelas y de UTU, otorgar cinco millones de dólares a la Universidad Tecnológica, regularizar la situación de dos tercios de los aproximadamente 1.000 auxiliares de servicio de primaria y disponer de recursos para realizar un censo en secundaria. También se acordó redireccionar recursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para destinarlos a la formación de jóvenes en nuevas tecnologías, disponer dinero adicional para los programas de dependencia severa del Sistema Nacional de Cuidados y destinar 30 millones de pesos a la creación de una unidad que coordine la atención a víctimas de delitos. Asimismo, se acordó otorgar apoyo económico a la Federación Uruguaya del Teatro Independiente y al Centro de Rehabilitación de Maldonado.

Los fondos para cubrir estos objetivos se obtendrán de las partidas subejecutadas de varios ministerios y de la propia Administración Nacional de Educación Pública. Se prevé destinarle a la educación aproximadamente 400 millones de pesos adicionales a lo previsto por el Ejecutivo.

¿Algo de estos objetivos logrados es criticable para el Partido Colorado? La respuesta a esta pregunta es el eslabón perdido en un debate intestino demasiado interno y poco decodificado, porque haber dado su voto para la aprobación en general de la Rendición de Cuentas, molestó por su apoyo al artículo 15 del proyecto, que condiciona el pago de sentencias judiciales por el Estado a que no exista afectación de los servicios a su cargo. El cambio acordado consiste en puntualizar que no se habilitará al Estado a no pagar en caso de «razones humanitarias o análogas».

Para el Partido Colorado el artículo 15 es «el fin del Estado de derecho». «Esta disposición tiene nombre y apellido, y busca afectar de manera directa a los funcionarios del Poder Judicial».

Al poner en negro sobre blanco los alcances obtenidos por Amado con su «acuerdo», y sobreponerlos al derecho del Estado a no pagar una sentencia judicial, así se tenga razón jurídica, el resultado parece ser haber privilegiado sobre el Estado de Derecho, aquél que Batlle y Ordóñez moldeó con su filosofía humanista, y que José Gervasio Artigas delineó cuando profesó las Instrucciones del año 13, creerse portador de un poder sin límites que lo excluyede plano de la ideología más íntima del coloradismo. Se puede ser colorado sin ser batllista, pero no batllista sin ser colorado.

Este acuerdo político de Amado, no obstante, implica destinar 625 millones de pesos adicionales a distintos programas: 114 millones de pesos a los Centros de Atención a la Primera Infancia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), 89 millones de pesos para una partida salarial de este organismo, 31 millones para una partida salarial en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, 90 millones para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, 90 millones para la Universidad Tecnológica (Utec), 95 millones para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) –para una partida por responsabilidad de gestión que se abonará a los directores de centros educativos–, 62 millones para la Administración de los Servicios de Salud del Estado –para continuar el proceso de «simplificación y categorización» salarial–, 30 millones para la creación de una Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, seis millones para la Federación Uruguaya de Teatro Independiente y 18 millones de pesos para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para «financiar la realización de una evaluación censal de logros educativos en educación media».

Para financiar esas partidas, se acordó un recorte del Presupuesto en distintos incisos, con dos criterios: en algunos casos son «rubros con mayor subejecución» y en otros, «programas no prioritarios». En total se recortan 424 millones de pesos: 60 millones del Ministerio de Defensa Nacional; 26 millones de Presidencia de la República y 50 millones del programa de Política de Gobierno Electrónico, también de Presidencia; 37 millones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y tres millones de los fondos del programa Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios de ese ministerio; 28 millones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; 27 millones del Ministerio de Economía y Finanzas y 51 millones que estaban destinados al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur; 25 millones del programa de Infraestructura Fluvial y marítima del dragado del río Uruguay; 21 millones del Ministerio del Interior; 11 millones del Ministerio de Desarrollo Social y cinco millones del proyecto de Diversificación de Mercados del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 30 millones de los reasignados para partidas salariales en el INAU provienen de una redistribución en la interna del organismo, y 50 de los 90 millones de pesos que recibirá la Utec provendrán de recursos del Fondo para el Desarrollo manejado por la Agencia Nacional para el Desarrollo. Además, se destinarán 195 millones de pesos para regularizar a unas 700 personas contratadas como auxiliares de servicio por las comisiones de fomento y los directores de las escuelas, y 200 millones de pesos. En ambos casos los fondos (395 millones de pesos) provendrán de recortes de partidas presupuestales de la La pregunta final ante este acuerdo, es: ¿cuál será el costo político de este desafío a la ideología partidaria?

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